Las casas de cambio en Nagua y Samaná propiedad de Francisco Baldera, padre del joven que fue secuestrado Eduardo Baldera, fueron cerradas por la Superintendencia de Bancos porque operaban de manera irregular. Los negocios permanecen bajo estricta vigilancia policial.
La información fue confirmada por Pedro Baldera, abogado de la familia, quien explicó que las autoridades les habían dado una oportunidad para que regularizaran sus operaciones, que funcionaban al margen de la ley monetaria, lo cual no fue posible debido a la situación que enfrentaron por el secuestro del joven
Sin embargo, aclaró que el proceso para regularizar la situación fue iniciado desde el 2008.
“En este contexto se da la situación de inspección en la agencia de cambio y lo que se ha detectado es que, obviamente, ha estado operando sin licencia y por esa situación que, ciertamente, es violatoria a la ley monetaria, se da la suspensión”, dijo a través del programa de Huchi Lora por CDN La Radio.
Citó entre los requisitos para la operación de este tipo de negocios está el pagar a la Superintendencia 30 mil dólares y depositar en una cuenta especial cinco millones de pesos.
Manifestó que la Superintendencia de Banco actuó apegada a las leyes y que fue muy respetuosa del proceso de inspección y posterior cierre de los negocios.
“Es decir, lo que hay es una suspensión, no se ha incautado nada, los inspectores y supervisores que actuaron en el procedimiento actuaron con decencia y consideración”, señaló.
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La información fue confirmada por Pedro Baldera, abogado de la familia, quien explicó que las autoridades les habían dado una oportunidad para que regularizaran sus operaciones, que funcionaban al margen de la ley monetaria, lo cual no fue posible debido a la situación que enfrentaron por el secuestro del joven
Sin embargo, aclaró que el proceso para regularizar la situación fue iniciado desde el 2008.
“En este contexto se da la situación de inspección en la agencia de cambio y lo que se ha detectado es que, obviamente, ha estado operando sin licencia y por esa situación que, ciertamente, es violatoria a la ley monetaria, se da la suspensión”, dijo a través del programa de Huchi Lora por CDN La Radio.
Citó entre los requisitos para la operación de este tipo de negocios está el pagar a la Superintendencia 30 mil dólares y depositar en una cuenta especial cinco millones de pesos.
Manifestó que la Superintendencia de Banco actuó apegada a las leyes y que fue muy respetuosa del proceso de inspección y posterior cierre de los negocios.
“Es decir, lo que hay es una suspensión, no se ha incautado nada, los inspectores y supervisores que actuaron en el procedimiento actuaron con decencia y consideración”, señaló.
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