Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Dr. Reynaldo Pared Pérez;
Honorable Señor Vicepresidente de la República, Dr. Rafael Alburquerque;
Honorable Señora Primera Dama, Dra. Margarita Cedeño de Fernández;
Honorable Señor Presidente de la Cámara de Diputados, Lic. Julio César Valentín;
Honorable Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Subero Isa;
Honorable Señor Presidente de la Junta Central Electoral, Dr. Julio Cesar Castaños Guzmán;
Honorable Señora Presidenta de la Cámara de Cuentas, Dra. Licelotte Marte de Barrios;
Honorables Señores Secretarios de Estado;
Su Eminencia Reverendísima Monseñor Józef Weso¬lowski, Nuncio Apostólico de Su Santidad, Benedicto XVI;
Honorables Miembros del Cuerpo Diplomático y Consular y de los Organismos Internacionales;
Honorables Señores Miembros de la Asamblea Nacional;
Autoridades Civiles y Militares;
Invitados Especiales;
Señoras y Señores:
Con motivo de un nuevo aniversario de la Independencia de la República, comparezco por ante esta Augusta Asamblea en circunstancias internacionales particularmente graves y complejas.
Desde julio del 2007, el mundo se ha visto conmocionado por la magnitud y severidad de la crisis financiera y económica más aguda de los últimos 80 años.
Como resultado de esa crisis, el desconcierto cunde por todas partes. El asombro se apodera hasta de los espíritus más sosegados; y millones de seres humanos en distintas partes del planeta contemplan con perplejidad el desmoronamiento de una economía mundial que antes parecía indestructible.
809 223 6093
Los símbolos emblemáticos del sistema financiero global se desploman; y aún los gobiernos de los países desarrollados lucen petrificados a la hora de aplicarle un torniquete a la hemorragia de la economía global.
La primera institución financiera en derrumbarse fue el banco inglés Northern Rock. A esta le siguió, en Estados Unidos, Bear Stearns. Posteriormente fue Lehman Brothers, y después hubo que rescatar de la quiebra a la empresa de seguros AIG y al banco de inversiones Merril Lynch. Todavía, en estos tiempos, no obstante la enorme cantidad de recursos financieros inyectada por los bancos centrales y los gobiernos de diversos países de Europa y Asia, el pánico en el sistema financiero global aún no ha sido superado.
Pero al mismo tiempo que esa crisis financiera se iba generando, nuestros pueblos eran azotados por una crisis energética, traducida en los altos precios del petróleo, una crisis de escasez y alza de precios de los alimentos, y una crisis ecológica, puesta de manifiesto por la frecuencia e intensidad de los desastres naturales.
Al igual que numerosas otras naciones del mundo, la República Dominicana se ha visto afectada por el cúmulo de adversidades y calamidades que se extienden por el planeta, como si fuesen una versión moderna de las Siete Plagas de Egipto.
Sin embargo, la República Dominicana, gracias a Dios, a pesar de esas turbulencias financieras globales, ha podido mantener la paz social, la gobernabilidad democrática y la estabilidad macroeconómica.
Por consiguiente, puedo asegurar que como nación estamos en condiciones de seguir luchando, de manera firme y serena, encarando el futuro con optimismo, con fe y valentía.
Al término del año 2008, la economía dominicana, medida a través del Producto Interno Bruto, experimentó un crecimiento de 5.3%, el cual podría considerarse como favorable, tomando en consideración que según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el promedio de América Latina fue de 4.6%; y conforme a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el alcanzado por la economía mundial fue de 3.4%.
Es importante destacar, sin embargo, que desde hace algunos años se viene observando con preocupación una pérdida de competitividad de la economía nacional.
Esa situación provoca que mientras las áreas correspondientes al sector de servicios de nuestra economía, como son, entre otros, el de las telecomunicaciones, el sector financiero y el comercio, crecen de manera sostenida a través del tiempo, no ocurre lo mismo con respecto a los sectores productivos nacionales, fundamentalmente la industria y la agropecuaria.
Eso determina que independientemente de la crisis financiera global, estamos compelidos en el corto y mediano plazo a la realización de un ajuste de nuestro actual modelo de desarrollo económico y social, a los fines de que apoye, impulse y promueva con mayor eficacia a los sectores productivos del país.
Pero volviendo atrás, debo indicar que, durante el primer semestre del 2008, la economía dominicana exhibía un crecimiento de 7.5%, similar a lo observado en igual periodo del año 2007.
Este ritmo de crecimiento, en un contexto, como hemos dicho, de altos precios del petróleo y de las materias primas, junto a una expansión acelerada del crédito bancario a la economía, generó un inminente peligro de inflación y un pronunciado deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos.
Ante este escenario, las autoridades monetarias en coordinación con el sector fiscal, al igual que lo hicieron la generalidad de los bancos centrales latinoamericanos, se vieron obligadas a adoptar un conjunto de medidas previsoras con la finalidad de preservar la estabilidad macroeconómica y contraer la demanda interna.
Como consecuencia de esas medidas y de los efectos de la crisis financiera internacional a que hemos hecho referencia, a partir del segundo semestre del año 2008 comenzó a reflejarse un proceso de desaceleración económica, el cual, en ese momento era absolutamente necesario para preservar la estabilidad y evitar un deterioro aun mayor de las cuentas externas de la nación.
En medio de ese contexto, el hecho de finalizar el año con una inflación de tan sólo 4.52%, es decir, de un solo dígito, constituye, sin lugar a equívocos, un logro notable.
Esto así, si lo contrastamos con los pronósticos de principios de año que superaban el 12%.
Figúrense ustedes, de una inflación que originalmente estaba proyectada en un 12%, terminamos en tan sólo 4.5%; y ese nivel de inflación resultó, además, el más bajo de los últimos siete años para la República Dominicana y el menor de toda América Latina.
Influido por la evolución de los eventos internos y externos antes mencionados, el Banco Central, durante el pasado año, aumentó en tres ocasiones sus tasas de interés. Adoptó medidas con respecto al encaje legal, y en adición, utilizó parte de las reservas internacionales para acelerar el impacto de sus decisiones de política monetaria.
A pesar de eso, el sistema financiero dominicano exhibió índices de solvencia por encima de lo requerido y niveles de rentabilidad sin precedentes.
¡Qué fenómeno tan impresionante: mientras las instituciones financieras más poderosas del mundo se desplomaban, los bancos dominicanos se fortalecían!
Sin duda que se trata de un fenómeno curioso, pero real y verdadero.
Por otra parte, es preciso señalar que el déficit cuasi fiscal del Banco Central continuó su tendencia a la baja. A diciembre del 2008 cerró en 1.3% del PIB, inferior a la proyección del Programa Monetario para ese año, a pesar de los aumentos de la tasa de interés.
Con relación a este tema, han sido importantes los avances ya logrados, pero además los que continuarán lográndose en el futuro dentro del marco de aplicación de la Ley de Recapitalización del Banco Central, sobre todo, el cumplimento del traspaso de los recursos pendientes del año pasado.
El saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos fue equivalente a 9.7% del PIB, inferior a las estimaciones de junio cuando se esperaba que el déficit de la cuenta corriente fuese superior al 11% del PIB.
Esa mejoría tiene su fundamento en la abrupta reducción de los precios del petróleo y materias primas, unido a la desaceleración de la demanda agregada nacional registrada durante el segundo semestre del año pasado.
¿Cómo se explica el aumento en el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos?
En primer término, se explica por el histórico aumento de los precios del petróleo y sus derivados. En los primeros cinco meses del 2008, la factura petrolera alcanzaba la suma de 1 mil 825 millones de dólares, superior al total de todo el año 2004 que fue de 1 mil 667 millones de dólares.
La tendencia que siguió el precio de los hidrocarburos a partir de mayo era que la factura petrolera terminaría, para todo el año 2008, en más de 5 mil millones de dólares, es decir, más del doble que el 2005.
Sólo en el mes de julio del año pasado las importaciones de petróleo fueron de 522 millones de dólares, cifra casi cuatro veces más elevada que el promedio mensual durante el 2007 que fue de 143 millones de dólares.
En segundo lugar, el aumento en el déficit de la cuenta corriente se debió a los elevados precios de alimentos y algunas materias primas que prevalecieron durante gran parte del año en el mercado internacional; y en tercer lugar, al alza en el precio del acero que afectó sensiblemente los costos de producción del sector de la construcción.
En base a los tres factores antes señalados, puede indicarse que cerca del 65% del incremento del déficit de la cuenta corriente fue determinado por factores externos cuyo control se encuentra fuera de nuestro alcance.
No obstante, el resultado que presentó nuestra cuenta corriente fue costeado por la cuenta de capital y financiera. Esto así, debido al notable desempeño de la inversión extranjera directa, la cual registró un monto record, sin precedentes, de 2 mil 884 millones de dólares.
Fue esa situación, de altos niveles de inversión extranjera directa lo que permitió, a pesar del déficit de la cuenta corriente, mantener la estabilidad de la tasa de cambio.
Por otra parte, a pesar de los pronósticos pesimistas que vaticinaban una significativa caída en su desempeño durante el año 2008, las remesas, las zonas francas y el turismo registraron tasas de crecimiento positivas en términos de generación de divisas, aunque menores a sus promedios tradicionales.
Para el año 2008, por ejemplo, las remesas familiares alcanzaron el monto de 3 mil 110 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 2.1% con respecto a lo obtenido en el 2007, que fue de 3 mil 045 millones de dólares.
Podría considerarse, siguiendo el patrón histórico, que las remesas familiares debieron haber sido mayores, pero considerando la situación de recesión económica, y por consiguiente, de pérdida de empleos en los Estados Unidos y Europa, que es donde viven la mayor cantidad de dominicanos en el exterior, lo que resulta sorprendente es que éstas, en lugar de sufrir una caída estrepitosa, como era el vaticinio de algunos presuntos expertos, experimentasen un crecimiento aunque, fuese modesto.
Eso, por supuesto, es algo que enaltece a nuestros compatriotas en el exterior, quienes a pesar de estar atravesando por una situación de angustia e incertidumbre, no se olvidan de los suyos aquí en el territorio de la República Dominicana.
Ellos merecen nuestro respeto, nuestro afecto y nuestra admiración.
En el caso de las zonas francas, debido a la contracción económica en los Estados Unidos, las exportaciones de confecciones de textiles y de calzado registraron una disminución.
No obstante, aún bajo las condiciones externas imperantes, otras ramas de la producción dentro de zonas francas, lograron un comportamiento dinámico positivo, como fueron los casos de productos eléctricos, que crecieron en un 13%; el de productos médicos, cuyo crecimiento fue de un 5.4%; el de artículos de joyería, en un 11%; la manufactura de tabaco, en 9.5%; y los productos agroindustriales, los cuales crecieron en un 7%.
Durante el año pasado, un reducido número de empresas procedió a cerrar sus operaciones, con lo cuál el número total de empleos se redujo en un 2.4%, al pasar de 128 mil empleos en el año 2007, a 125 mil empleos en el 2008.
Pero al tiempo que eso ocurría, 102 nuevas empresas fueron aprobadas para operar dentro del régimen de zonas francas. Las mismas se comprometieron a realizar una inversión por encima de 3 mil 700 millones de pesos, que darían lugar a la creación de 15 mil 400 nuevos puestos de trabajo.
En fin, podemos afirmar, que a las zonas francas de la República Dominicana les aguarda un gran futuro. Un futuro de recuperación, de progreso y prosperidad.
En relación al turismo, el ingreso generado por el país llegó en el año 2008 a unos 4 mil 200 millones de dólares, lo que consolida a ese sector como el mayor generador de divisas de nuestra economía.
La cantidad de extranjeros no residentes que ingresó a la República Dominicana por vía aérea y marítima durante el año pasado ascendió a 3 millones 947 mil 730, para un incremento de 6.6% con respecto al año anterior.
El número de turistas provenientes del Canadá creció por encima del 8%, y a pesar de la crisis que les afectó, Estados Unidos y Francia también mantuvieron sus números positivos durante el año 2008.
La cantidad de suizos que visitó al país creció en un 15.8%; el de colombianos, un 19.4%; el de argentinos, un 28.4%; y el de chilenos, un 35.1%.
De los llamados países con economías emergentes, pudimos constatar que durante el año pasado se incrementó en un 23.5% el número de visitantes provenientes de Brasil y en un astronómico 85.3% el número de turistas de Rusia.
¡Que espectacular, ya hasta los rusos están descubriendo la belleza de la naturaleza, la hospitalidad y la sonrisa de los dominicanos!
Pero no es solamente en el plano del número de visitantes que llega al país cada año por donde podemos apreciar el desarrollo de la industria turística nacional, sino, además, por la atracción de inversiones en el sector inmobiliario turístico, el cual contribuye a la generación de empleos y de riqueza.
Sólo en el último trimestre del año pasado fueron aprobados proyectos de inversión en el Consejo de Fomento Turístico (CONFOTUR), por el orden de los 9 mil 600 millones de dólares, en tanto que en el primer mes de este año, esto es, nada más en el mes de enero, fueron conocidos y aprobados proyectos que ascienden a 4 mil 962 millones de dólares.
El que en medio de la más destructiva crisis financiera global de las últimas décadas, en la República Dominicana se hayan aprobado inversiones, solamente en el sector turístico, equivalentes a 14 mil 562 millones de dólares, es una prueba inequívoca e irrefutable de la confianza que se tiene en el futuro de nuestro país.
Mas aún, obliga a pensar que esos capitales se estén desplazando hacia la República Dominicana, entre otras razones, porque la baja tasa de interés que proporcionan los bancos en el exterior no resultan atractivas para los potenciales depositantes, al tiempo que la quiebra y fusión de muchos de esos bancos podrían estar generando la desconfianza de los inversionistas.
He ahí, pues, un caso posible en el que la catástrofe de la crisis mundial pudiera eventualmente convertirse en una gran oportunidad para el desarrollo de la República Dominicana.
¡Magnífico, ojala que así sea!
Precisamente, reflexionando sobre esa situación, aparentemente contradictoria, me he encontrado con las agudas palabras de un gran científico y pensador del Siglo XX, que decía lo siguiente: “La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias… Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía… Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla.”
Ese pensador se llama Albert Einstein.
Debo aprovechar también esta oportunidad para indicar que el Estado Dominicano ha arribado a una negociación satisfactoria con la empresa Barrick Gold Corporation, mediante la cual se modifica el contrato especial de arrendamiento minero de los yacimientos de Pueblo Viejo, Cotuí, de fecha 21 de mayo del 2003.
Ese contrato establecía una inversión de 336 millones de dólares. Ahora, sin embargo, en virtud del nuevo acuerdo, la inversión será por encima de 3 mil millones de dólares.
Esa inversión dará lugar a la creación de 3 mil 500 empleos directos y más de 10 mil empleos indirectos en la provincia de Sánchez Ramírez y zonas aledañas en el corazón del Cibao.
Como pueden valorar, es otra demostración de la gran confianza que se tiene en la economía y en el futuro de la República Dominicana.
Las reservas internacionales brutas cerraron el año en 2 mil 643.5 millones de dólares; las netas, en 2 mil 149.4 millones de dólares, mientras que las reservas líquidas se colocaron en 1 mil 376.3 millones de dólares, lo que equivale a una recuperación de 207 millones durante el segundo semestre del año.
En cuanto a los fondos de pensiones o recursos pertenecientes al Sistema Previsional Dominicano, es preciso indicar que al 15 de febrero de este año en curso llegaban a la cifra de 72 mil 158 millones de pesos, lo que representa ya el 5% del Producto Interno Bruto.
Al ritmo en que esos recursos van multiplicándose, se estima que para el año 2016 constituirán el 29% del Producto Interno Bruto. Esa será una gran fuente de ahorro nacional que permitirá en el futuro la realización de importantes inversiones para el desarrollo nacional, garantizándose su seguridad y rentabilidad.
Señores miembros de la Asamblea Nacional, Ilustres Personalidades:
El año 2008 no pasará a la historia como un año más. En realidad, pasará como una fecha de referencia, como uno de esos puntos claves y determinantes que marcan el destino de la humanidad.
En los últimos doce meses se han desmoronado numerosos mitos e ilusiones. Formas de pensar acerca de cómo funciona la economía, la política y la sociedad hoy se encuentran en franca bancarrota. La confianza se ha evaporado. El descrédito sobre instituciones y personalidades antes consideradas sagradas marcan la pauta de los tiempos.
Como resultado de cuanto ha ocurrido en el último año, no sería aventurado afirmar que se ha iniciado, a nivel mundial, una transformación radical en la manera en que debe organizarse el modelo financiero global.
Pero, al mismo tiempo, en la forma en que deben establecerse regulaciones y controles al funcionamiento de las instituciones; y a la forma en que debe instituirse una nueva ética de los negocios y de las relaciones humanas que permitan restablecer la confianza y la credibilidad en un sistema que para sorpresa de la humanidad sólo se mostró incompetente, insaciable y corrupto.
Nunca antes, en el breve plazo de doce meses se habían experimentado oscilaciones tan abruptas en la economía mundial, como ir de una situación inflacionaria, sin precedentes en los precios del petróleo, de los alimentos y de las materias primas, a un escenario de recesión global, evidenciado por el incremento del desempleo, la quiebra de bancos, industrias y centros comerciales.
Para nuestra economía, las alzas desmedidas de los precios del petróleo y de los alimentos tuvieron un impacto devastador, siendo la causa principal del déficit fiscal experimentado de 54 mil millones de pesos, equivalentes al 3.4% del Producto Interno Bruto.
Sólo el sector eléctrico demandó recursos por un monto de 38 mil 609 millones de pesos, y para el caso del gas licuado de petróleo, el Gobierno desembolsó un monto de 8 mil 446 millones de pesos.
En otras palabras, solamente en dos renglones, electricidad y GLP, el Gobierno tuvo que erogar recursos equivalentes a algo más de 47 mil millones de pesos.
A esto habría que añadir los subsidios que el Gobierno otorgó en los casos del pan, los huevos, la leche, el arroz, habichuelas y cebollas, que fue de 2 mil 746 millones de pesos; así como los concedidos a las Zonas Francas, cuyo monto ascendió a 2 mil 145 millones de pesos.
Podría argüirse que el Gobierno no estaba en la obligación de asumir el pago de ese conjunto de subsidios. Supongamos que así sea. De no haberlo hecho, sin embargo, las consecuencias habrían sido catastróficas, pues habrían implicado una mayor inflación, el colapso del sector eléctrico ante la imposibilidad de los consumidores de pagar una tarifa desproporcionada y una crisis alimentaria desatada por un incremento desorbitado de los precios de los principales productos de la canasta familiar.
En el caso de las Zonas Francas, el subsidio gubernamental contribuyó de manera decisiva al mantenimiento de empleos que de otra forma se habrían perdido.
En síntesis, lo que podemos asegurar es que durante el 2008 pudimos salir airosos de todos los desafíos y de todas las dificultades que un año tan accidentado e irregular trajo para la sociedad dominicana y para todo el mundo; y todo eso se debió, fundamentalmente, al esfuerzo, el trabajo, la inteligencia y la nobleza del pueblo dominicano.
Señores Legisladores:
Desde la oposición se elabora el argumento de un presunto despilfarro, alegre e irresponsable, por parte del Gobierno, en relación al monto de la nómina pública.
Con el mayor respeto, nos permitimos disentir de esos alegatos; y esto así, por dos razones.
La primera, es que entre el 2005 y el 2008, el Gobierno central destinó un monto promedio de 3.7% del PIB al pago de la nómina pública. Lo que es más importante aún, ese monto fue similar cada año, variando sólo entre 3.55% y 3.72% del PIB.
Para este año, el 2009, el monto presupuestado para financiar la nómina es equivalente al 3.6% del PIB, esto es, menor al promedio de los últimos cuatro años.
En cambio, entre los años 2000 al 2003, el gasto del Gobierno en nómina tuvo un promedio de casi 5% del PIB. De manera específica, en el 2001 fue de 5.2% del PIB y en el 2002, de 5.4% del PIB.
La segunda razón es que en América Latina, somos uno de los países que menos recursos dedican al pago de la nómina pública.
En Brasil, por ejemplo, se destina el 13% del PIB.
En Argentina, Bolivia, Costa Rica y Honduras, alrededor del 8% del PIB.
En Chile, Panamá, Ecuador, México y Nicaragua, entre 5 y 6% del PIB.
En El Salvador, Perú, Venezuela y Uruguay, entre 4 y 5% del PIB.
Con los ejemplos previamente indicados, es fácil llegar a la conclusión de que en materia de gasto de la nómina pública, el actual Gobierno Dominicano exhibe unos claros niveles de austeridad en comparación con la generalidad de las naciones hermanas del continente.
Esto último no significa que tenemos la intención de aumentar la nómina pública, pero sí la de dejar claramente establecido en el ánimo de la opinión pública quién es portavoz de la verdad y quién induce a la manipulación, la desinformación y la mentira.
Ante el panorama incierto que iniciándose el 2009 aún se vislumbra a nivel internacional, iniciamos el presente año con la voluntad de robustecer el clima de confianza, rebalancear la política fiscal y monetaria, reactivar el crecimiento económico y aunar esfuerzos para crear las condiciones de mejoría de la calidad de vida de los dominicanos.
En lo que respecta a la política fiscal, el Gobierno ha planteado en el presupuesto aprobado por el Congreso un fuerte ajuste que se evidencia en la reducción del déficit de 3.4% a 1.7% del PIB, lo que representa unos 31 mil millones de pesos.
Eso equivale a decir que el presupuesto de este año tendrá un déficit inferior en más de 20 mil millones de pesos al ejecutado el año anterior, y una disminución, casi proporcional de ese monto, entre gastos corrientes y gastos de capital.
De hecho, el gasto total del Gobierno estará disminuyendo de 19% del PIB en el año 2008 a 16% del PIB en el año 2009.
En términos de dinero, eso significa que de haber el Gobierno mantenido el gasto en el nivel del año anterior, el del 2009 habría sido superior en unos 50 mil millones de pesos con respecto al del 2008.
En relación a la política monetaria, recientemente se han adoptado medidas trascendentales que incidirán en los próximos meses en una mayor reducción de las tasas de interés, y consecuentemente, en el aumento del crédito bancario, del consumo y la inversión privada.
En ese contexto, la Junta Monetaria autorizó al Banco Central a que considere para fines de cobertura del encaje legal en moneda nacional, los nuevos préstamos que otorguen las entidades de intermediación financiera al sector agropecuario, la industria manufacturera local, la construcción y la micro, pequeña y mediana empresa, hasta un monto de 7 mil 500 millones de pesos.
Igual tratamiento se aplicará a un monto de hasta 3 mil millones de pesos para títulos que adquieran las entidades de intermediación financiera con cargo a las emisiones de bonos del Gobierno Dominicano previstas en el presupuesto del 2009.
Ambas decisiones ponen a disposición de la economía un monto total de 10 mil 500 millones de pesos, que deberán contribuir a dinamizar las actividades económicas estratégicas a nivel nacional y coadyuvar a la creación y preservación de empleos.
Además, la Junta Monetaria en atención a solicitudes de las entidades de intermediación financiera, autorizó a la Superintendencia de Bancos a adoptar medidas transitorias que habían sido demandadas por los agentes económicos y sectores productivos, encaminadas a revisar algunos aspectos del Reglamento de Evaluación de Activos, junto a medidas administrativas, en procura de facilitar el flujo de crédito de la economía.
En lo atinente al sector externo, la disminución en el pago de la factura petrolera y la baja en los precios de materias primas y alimentos previstas para el 2009, permitirán una disminución del gasto en alrededor de 1 mil 900 millones de dólares.
Eso permitirá compensar holgadamente los menores ingresos que eventualmente pudiesen presentarse por concepto de remesas, zonas francas y turismo, por lo que se estima que el déficit de cuenta corriente sea aproximadamente unos 3.5 puntos porcentuales menor que el verificado en el 2008.
A través de la Secretaría de Estado de Hacienda, hemos identificado los recursos que permitan
financiar dicho déficit de cuenta corriente. En este año, en adición a los flujos de la inversión extranjera directa, se ha programado recibir recursos procedentes de organismos internacionales.
De esos recursos, 413 millones de dólares serán aportados por el Banco Mundial, de los cuales 380 millones de dólares serán para apoyo presupuestario y 33 millones para desembolsos de préstamos en ejecución dirigidos a las áreas de educación, salud y energía.
El Banco Interamericano de Desarrollo desembolsará durante el transcurso de este año 829 millones de dólares. De esa cantidad, 350 millones de dólares serán para apoyo presupuestario; 54 millones, para desembolsos de préstamos en ejecución dirigidos a los sectores de educación, salud, agua y saneamiento.
Además, 300 millones de dólares serán dirigidos a la banca comercial local y 125, para el resto del sector privado.
De la Corporación Andina de Fomento podremos disponer de 20 millones de dólares para apoyo presupuestario y 75 millones para proyectos de infraestructura vial.
De parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), estamos a la espera de un desembolso de 36 millones de dólares para la Presa de Palomino, de un total de 50 millones de dólares en proceso de contratación.
Dependiendo de los niveles de precios del petróleo en los mercados internacionales, tenemos en presupuesto recibir 300 millones de dólares del programa de Petrocaribe.
Por su parte, del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), habrá un desembolso de 100 millones de dólares destinados a las presas de Pinalito y Las Placetas, el Acueducto de Samaná y dos aviones Super Tucanos.
Finalmente, de los Fondos de Ayuda al Desarrollo, o fondos FAD del Gobierno de España, la República Dominicana pudiese contratar hasta un monto de 205 millones de euros para la ejecución de varios proyectos contemplados en la Ley de Presupuesto para el presente año.
Por el flujo de recursos que ingresarán a la economía dominicana en el transcurso del presente año, aún en medio de una situación de volatilidad e incertidumbre financiera internacional, parece cobrar sentido la frase en boca del pueblo de que a veces Dios aprieta pero nunca ahorca.
En cuanto a la inflación, para el 2009 no se prevén presiones inflacionarias de importancia, en razón de las expectativas sobre el comportamiento de los precios del petróleo, la proyección de
crecimiento económico y el ajuste fiscal.
En su informe del pasado 22 de enero de este año, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional felicitó a las autoridades nacionales por el desempeño económico del 2008 y de manera explícita indicó lo que sigue:
“Los directores manifestaron su satisfacción con el marco de política macroeconómica elaborado por las autoridades para el 2009, que tiene por objeto rebalancear la política fiscal y monetaria y posicionar a la República Dominicana para sortear el abrupto deterioro en el entorno externo”.
Así pues, según el Fondo Monetario Internacional, pasamos el examen.
Ahora bien, en vista de que en la esfera económica internacional persiste una situación de deterioro y fragilidad, hemos considerado aconsejable aquí, en la República Dominicana, anticiparnos a las eventuales amenazas y desafíos que esa realidad pudiese deparar para nuestro futuro como nación.
Ante las amenazas externas, ya lo hemos dicho en otra oportunidad, los pueblos se unifican, y ha sido apoyándonos en ese criterio por el cual hemos convocado en las últimas semanas a la realización de un encuentro con todos los sectores representativos de la vida nacional.
Al frente de ese encuentro ha estado Monseñor Agripino Núñez Collado, Rector Magnífico de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, y figura emblemática de todo lo que simboliza la paz, la tranquilidad y el diálogo en la República Dominicana.
Además, el Ingeniero Temístocles Montás, Secretario de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, el Doctor Antonio Isa Conde y el Licenciado José del Castillo, todos miembros de la Comisión Organizadora.
A ese encuentro le hemos denominado, Cumbre de la Unidad Nacional Frente a la Crisis Económica Mundial.
De manera ejemplar, la casi generalidad de las organizaciones políticas, empresariales, sindicales, profesionales, religiosas y comunitarias, acudieron en forma dinámica y entusiasta a los debates organizados en las distintas mesas de trabajo.
La realización de la Cumbre demostró una vez más que, en el Siglo XXI, no basta que un gobierno sea eficiente. Tampoco basta que sea transparente. Incluso, no basta siquiera que sea decente, respetuoso de las normas y sensible a las demandas sociales.
En el mundo moderno, además de todo eso, se requiere que la democracia incorpore a todos los ciudadanos, por medio de las instituciones y organizaciones representativas, a participar en forma directa en los mecanismos de toma de decisión.
Esa es la verdadera democracia moderna del Siglo XXI; y ese ha sido el gran logro de la Cumbre por la Unidad Nacional Frente a la Crisis Económica Mundial: haber convocado a todos los dominicanos para que fueran los artífices en la cristalización de sus propios sueños e ilusiones.
En la primera etapa de la Cumbre se logró alcanzar consensos en un conjunto de acciones de políticas públicas a partir de las deliberaciones en siete mesas de trabajo.
La ejecución de algunas de esas medidas entra en la esfera de acción directa del Poder Ejecutivo. Otras corresponden al ámbito del Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas o los ayuntamientos municipales, o requieren de iniciativas de negociación entre actores privados bajo la mediación de instancias públicas.
En el caso de aquellas medidas cuya entrada en vigencia depende directamente de la acción del Poder Ejecutivo, quiero anunciar el compromiso de nuestro Gobierno de tomar todas las providencias necesarias para avanzar en el cumplimento de las mismas, aún cuando por razones de limitaciones presupuestarias no resulte posible atender las solicitudes o reclamos en las magnitudes requeridas.
En lo que respecta al sector agropecuario, el Gobierno tiene como meta alcanzar para beneficio del pueblo dominicano la seguridad alimentaria, la prosperidad rural y la competitividad.
Para lograr esos fines, en la Cumbre se acordó aumentar el financiamiento a ser otorgado por el Banco Agrícola y especializar 3 mil 600 millones de pesos del Banco Nacional para el Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV) destinados al desarrollo del sector.
De igual manera, se decidió terminar la construcción del centro de acopio y distribución de productos agropecuarios Merca Santo Domingo, iniciar proyectos de producción bajo ambiente controlado o sistemas de invernadero y poner en ejecución el Proyecto de Producción de Alimentos Nutritivos, el cual permitirá la incorporación de 36 mil tareas del CEA.
Se mantendrá el Programa Nacional de Pignoración. Se incrementará el uso de tierras del IAD mediante la ejecución de programas de huertos, distribución de material de siembra e insumos agropecuarios.
Se aplicará el Programa de Capacitación para Jóvenes Residentes en la Zona Rural, dotándoles de tierras de la Reforma Agraria, con la finalidad de hacer atractiva su incorporación a la actividad agropecuaria. Se incrementarán los fondos de Conaleche de 10 a 20 millones de pesos mensuales y se someterá al Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Seguro Agropecuario, para lo cual el Gobierno aportará 500 millones de pesos para el inicio de su aplicación.
Aspiramos que con la aplicación de este conjunto de medidas, el sector agropecuario pueda ver satisfechas algunas de sus aspiraciones más inmediatas y de esa forma iniciar un verdadero proceso de transformación que lo conduzca hacia la prosperidad y el bienestar.
Sólo el éxito del sector agropecuario garantiza el derecho del pueblo dominicano a la alimentación y a una nutrición adecuada.
¡Que eso se convierta en una prioridad nacional¡
En materia de fomento a la inversión y la producción, la Cumbre aprobó y el Gobierno se compromete a terminar la construcción de los parques industriales bajo la dirección de Proindustria para el avance de las PYMES.
Esos parques permitirán la integración de los distintos sectores de la mediana, pequeña y micro empresa y contribuirán a la creación de clusters, con lo cual mejorará de manera notable la capacidad productiva y competitividad del sector.
Se dará inicio al proceso de selección de los miembros de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, se conformará su equipo técnico y se elaborarán el reglamento y los instructivos para la aplicación de la Ley de Competencia 42-08.
Se creará mediante decreto un sistema de ventanilla única para la inversión. Eso se complementará con la entrada en funcionamiento del Gabinete de Inversión, recientemente creado para agilizar y hacer más eficientes y transparentes las solicitudes de aprobación de proyectos de inversión.
Se coordinará con el Poder Judicial la revisión y adecuación del proceso de titulación de tierras. Esto es de vital importancia para garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas, algunos de los cuales han expresado sus quejas, a través de los años, por lo que estiman ha sido una práctica irregular y en algunos casos hasta dolosa, en la realización de los procedimientos para el otorgamiento de los títulos de propiedad.
Se coordinará con el Poder Legislativo a los fines de alcanzar la aprobación del Proyecto de Ley de Concesiones y Obras del Estado.
Con la aprobación de este proyecto, se logrará establecer un sistema de concesiones para las inversiones en infraestructura física requerida por el país, según los mejores estándares y prácticas internacionales.
Asimismo, se remitirán al Congreso Nacional el Proyecto de Ley sobre Adecuación de la Legislación de Zonas Francas en el marco del DR-CAFTA y el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Calidad.
Con la finalidad de promover el desarrollo sostenido del sector de la construcción y facilitar el acceso a la vivienda a un mayor número de familias de medianos y bajos ingresos, se enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para el desarrollo del mercado hipotecario en la República Dominicana.
Conforme a ese dispositivo legal se crearán nuevos instrumentos financieros, como el fideicomiso, las letras hipotecarias y la titularización, los cuales permitirán el uso de los fondos de pensiones en los términos concebidos en la Ley sobre Sistema de Seguridad Social 87-01.
Con parte de esos fondos de pensiones, más 80 millones de dólares aprobados por el Banco de Comercio Exterior de Colombia (BANCOLDEX), nos proponemos durante los próximos tres años construir 20 mil viviendas en todo el territorio nacional.
Ahora bien, Señores Legisladores, como consecuencia de la situación de recesión de la economía mundial, una de las grandes preocupaciones que actualmente se albergan en distintos estamentos de la sociedad dominicana, tiene que ver con la preservación y la creación de empleos.
Sobre ese particular, debemos indicar que la Cumbre por la Unidad Nacional contribuyó a diseñar lo que bien pudiésemos denominar un Plan Nacional de Políticas de Empleo.
En tal virtud, lo primero que fue sometido a aprobación fue la reactivación y actualización, mediante decreto, de la Comisión Nacional de Empleo.
Esa comisión contará con la participación del sector público y privado y tendrá el mandato explícito de recomendar y dar seguimiento permanente a la formulación y ejecución de políticas de empleo.
Se decidió, igualmente, promover el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Estado de Trabajo para elevar la capacidad del Gobierno en la formulación, ejecución y seguimiento de políticas activas de empleo.
Eso implica la ampliación y profundización de las actividades del Observatorio Nacional del Mercado Laboral Dominicano y el Servicio Nacional de Empleo.
Se acordó la creación de un Programa Nacional de Emergencia para evitar despidos masivos de trabajadores.
Hasta el momento, la mano amiga y solidaria del Gobierno se ha puesto de manifiesto en los casos de las empresas de zonas francas y de los trabajadores de la empresa minera de Falcondo.
No obstante, hace falta identificar fondos a los fines de otorgar subsidios temporales a empresas que a cambio se comprometan a mantener al personal en sus puestos laborales y apliquen programas de formación y reconversión de los trabajadores.
Los estudios conducentes al establecimiento de las fuentes de esos fondos deberán estar listos en un plazo no mayor de tres meses.
En resumen, con la aplicación de este Plan Nacional de Políticas de Empleo, lo que se procura es que con independencia de la magnitud de la crisis mundial, en la República Dominicana se puedan mantener y crear nuevos empleos, a fin de que la familia dominicana, bajo cualquier circunstancia, siempre pueda vivir en condiciones dignas, decentes y decorosas.
La Cumbre por la Unidad Nacional Frente a la Crisis Económica Mundial elaboró numerosas propuestas, dignas de ser tomadas en consideración, en el área impositiva, en la promoción de exportaciones, seguridad ciudadana, fortalecimiento institucional y política social.
Por razones de tiempo no podríamos abordar en este escenario el conjunto de esas propuestas. Pero nos comprometemos, en el marco de la Comisión de Seguimiento a la Cumbre dilucidar en forma detallada el alcance y pertinencia de cada una de las sugerencias formuladas.
Sólo así, realmente, se hace patria. Con la participación activa, dinámica, comprometida y alegre de todos.
Por eso, me atrevo a decir aquí que en el contexto de la Cumbre por la Unidad Nacional, en la República Dominicana, ¡e´ pa´lante que vamos!
En lo referente a medio ambiente, gestión municipal y desarrollo territorial, constituye una obligación del Gobierno la aplicación de un Plan Integral de Gestión de Riesgo orientado a mitigar los efectos de los desastres naturales y proteger las cuencas hidrográficas y los embalses de presas en el país.
Conjuntamente con ese proyecto, continuaremos con la ejecución del Plan Nacional Quisqueya Verde, el cual, el año pasado, logró plantar cerca 5 millones 500 mil árboles, desde Mencía, en Pedernales, hasta El Memizo, en la provincia María Trinidad Sánchez.
Se creará una mesa de trabajo permanente para la coordinación de las políticas entre el Gobierno Central y los gobiernos locales. Dicha mesa será el espacio para la discusión de políticas públicas sobre desarrollo territorial y de cómo mejorar el grado de coordinación y cooperación entre instituciones del Estado Dominicano.
Los temas que la referida mesa de trabajo deberá abordar son los relacionados a la hacienda pública local, como la transferencia del 10% de las recaudaciones fiscales, la modificación de los criterios para dichas transferencias, la conversión de la Liga Municipal Dominicana en un instituto de capacitación municipal y la formulación y ejecución de un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial.
Con la realización del conjunto de estas medidas, no caben dudas de que la República Dominicana avanza hacia un proceso de modernización, progreso, fortalecimiento institucional y preservación del medio ambiente y los recursos naturales.
En fin, hacia la construcción de una renovada República Dominicana en el Siglo XXI de la que podamos sentirnos orgullosos.
En materia de infraestructura, el Gobierno se propone durante el transcurso de este año, concluir obras pendientes e iniciar nuevos proyectos en un amplio programa de obras en todo el territorio nacional que en su conjunto constituyen una prioridad en la agenda de desarrollo del país.
La Secretaría de Estado de Obras Publicas y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado tienen como meta continuar la construcción del Bulevar Turístico del Este; el Puente sobre el Río Soco; la Carretera Sabana de la Mar – Miches; la Carretera Bayaguana-El Puerto-Hato Mayor; las Carreteras Constanza-Duarte-Casabito; y Jarabacoa-El Río-Constanza, así como la realización del Plan Nacional de Asfaltado.
Continuaremos con la ampliación y remodelación de la Autopista San Cristóbal – Baní. Se concluirá la carretera San Juan-Batey II-Barahona, e iniciaremos la construcción de la Autopista del Coral desde el Aeropuerto de La Romana hasta el Aeropuerto de Punta Cana.
Una de las grandes prioridades asumidas por la presente administración, fue la construcción de los Centros Universitarios Regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Asumimos el compromiso de construir ocho centros y la construcción y reparación de las distintas facultades y edificaciones de la sede central. Cuatro de esos centros fueron concluidos y entregados en las provincias de Puerto Plata, Santiago, María Trinidad Sánchez y La Altagracia; y, para este año 2009, entregaremos, El Centro Universitario Regional de Bonao, El Centro Universitario Regional Suroeste (CURSO), ubicado en la provincia de Barahona; El Centro Universitario Regional Oeste (CURO), ubicado en el municipio de San Juan de la Maguana; y El Centro Universitario Regional de Valverde, que se construye en la municipio de Mao.
En la sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, terminaremos el nuevo Comedor Universitario con capacidad para 10,860 personas por día; la Torre Administrativa; el Edificio de Parqueos; el Edificio de Investigación, Desarrollo e Innovación, que será una de las obras de mayor trascendencia científico-tecnológica del país.
Además, serán remodeladas las facultades de Ingeniería y Arquitectura, Ciencias, Derecho, y Odontología.
Así mismo, continuaremos durante el presente año, la construcción de las instalaciones del Instituto Superior Técnico Comunitario y de los Centros Tecnológicos Comunitarios del Despacho de la Primera Dama (CTC).
Próximamente inauguraremos el Centro Cívico Cultural Mauricio Báez. Continuaremos con la ampliación y reconstrucción de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña en la Plaza de la Cultura y aspiramos a culminar el proyecto de modernización del Archivo General de la Nación.
Durante el transcurso del presente año, concluiremos la Ciudad Cultural Profesor Juan Bosch en la Provincia La Vega.
El Estadio Quisqueya, en una asociación con el sector privado, a través del Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV), será convertido en un complejo hotelero, comercial y de entretenimiento deportivo.
En el ámbito de la Salud Pública, terminaremos y equiparemos los distintos subcentros de salud que se construyen en el país. Terminaremos la Ciudad de la Salud, una red hospitalaria que añadirá 1 mil 080 nuevas camas al sistema nacional de salud, conformado por un Hospital General y de Especialidades, un Hospital Materno-Infantil, un Hospital Pediátrico y un Hospital Traumatológico, en la provincia Santo Domingo.
Además, daremos terminación en el transcurso de los próximos doce meses al Centro Comprensivo de Cáncer Dr. Heriberto Pieter en el Distrito Nacional y concluiremos la construcción del Centro Logístico de Distribución de Medicamentos de Promese-CAL.
Este Gobierno centrará su atención en el suministro de agua potable para una población creciente.
En ese sentido, a través del INAPA, continuaremos durante los próximos meses con la construcción del Acueducto de Higuey; el Acueducto Múltiple de Nagua; el Acueducto de Baní y el Acueducto Múltiple de Samaná.
De igual manera, trabajaremos en la ampliación de los acueductos de San Cristóbal y Salcedo.
En La Romana, se continuará con los trabajos de construcción del acueducto de ese municipio, así como, del municipio de Villa Hermosa; e iniciaremos otros acueductos pequeños en distintos lugares del país.
Por otra parte, la CAASD, para proveer de agua suficiente en el mediano y largo plazo a la ciudad de Santo Domingo, construirá una obra de abastecimiento de agua sobre el Río Haina.
Ampliará la capacidad de producción del proyecto Barrera de Salinidad y construirá un bypass en la Presa de Valdesia.
En el marco de los planes de reorganización y modernización del sector transporte, no sólo hemos logrado concluir la primera línea del Metro del país, sino también materializar su puesta en operación.
Eso ha permitido que a sólo un mes de su inicio, un total de 1 millón 895 mil pasajeros, hayan utilizado este moderno sistema de movilidad pública.
Debo indicar que los usuarios han asumido un comportamiento ejemplar. Los caballeros ceden sus asientos a las damas y a los discapacitados. Se guarda respeto a las normas e indicaciones de lugar. Se mantiene la limpieza y todos han comprendido que en el metro no se come, ni siquiera chicharrones.
Con la finalidad de extender los beneficios de la primera línea del Metro a la gran mayoría de los usuarios que convergen en el eje norte-sur, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), trabaja, de manera acelerada, en los preparativos para la entrada en funcionamiento de las primeras rutas alimentadoras.
En esas rutas alimentadoras, los choferes de los corredores La Victoria, Punta, La Isabela y Sabana Perdida Norte y Sur, tendrán el rango de preferencia de participación directa. Para eso se requiere que hayan realizado el curso de la Escuela de Educación Vial, que recién hemos concluido, permitiendo de esta manera que decenas de miles de munícipes puedan arribar a la Terminal Mamá Tingó y hacer transferencia al Metro mediante la compra de un solo boleto de viajero.
En virtud de los tangibles y variados beneficios que de manera directa e indirecta ya genera la Primera Línea del Metro, estoy impartiendo instrucciones a la dirección de la Opret, a los fines de acelerar los procesos de revisión correspondientes a las propuestas recibidas en la licitación de la concesión de la Segunda Línea del Metro que iría desde San Isidro, cruzando por San Luis hasta Los Alcarrizos; y el tren desde este último punto hasta Santiago.
De esta manera, si Dios lo permite, y las negociaciones con el eventual concesionario son convenientes para las partes, espero volver a extenderles una cordial invitación para que el 27 de febrero del 2012 me acompañen de nuevo a un paseo en la Segunda Línea del Metro.
El que en medio de una crisis financiera y de una recesión de alcance global, en la República Dominicana podamos llevar a cabo un proyecto de desarrollo de infraestructuras de la magnitud a que hemos hecho referencia, es una prueba palpable de que en base a nuestra capacidad, nuestro esfuerzo y dedicación, estaremos en condiciones de dinamizar nuestra economía y mitigar el impacto que dicha crisis pudieran representar para nuestro país.
Así se trabaja, con planes claros de futuro que permitan protegernos de las grandes vicisitudes desatadas por las fuerzas de una economía mundial fuera de control.
Eso es lo que verdaderamente nos distingue como pueblo. Los que nos hace únicos y singulares; y lo que podemos transmitir a las futuras generaciones.
Ahora bien, estamos concientes de que un gobierno no sólo se limita a la realización de obras materiales. Un Gobierno, sobre todo si se siente comprometido con el progreso, la justicia y el cambio social, debe, además, colocar las necesidades, aspiraciones y sueños del ser humano en el centro de su estrategia de desarrollo nacional.
El Programa Solidaridad, en la actualidad cubre un total de 461 mil 580 hogares, distribuidos en todo el territorio nacional, a los cuales se les otorga un subsidio de 700 pesos al mes para adquirir sus alimentos.
De este universo de hogares, más de 208 mil reciben en adición 150 pesos mensuales por cada hijo que esté en la escuela y tenga una asistencia regular superior al 85%.
Con fines de proteger a las familias pobres y de clase media baja afectadas por causa del incremento de los precios de los combustibles registrados a mediados del año 2008, 800 mil hogares reciben hoy los beneficios del Programa Bonogás, a los cuales se les entrega cada mes un subsidio de 228 pesos para aliviarles la carga de la compra del gas de cocinar.
Con relación a la Seguridad Social, hemos tenido avances importantes.
El Seguro Familiar de Salud del Régimen Subsidiado destinado a ciudadanos en situación de pobreza ha aumentado su cobertura de afiliación a 1 millón 224 mil 643 personas en todo el territorio nacional.
En el año 2004, cuando asumimos la dirección de la vida pública nacional, sólo había en el Régimen Subsidiado del Seguro Familiar de Salud 65 mil personas.
¡Cuánta diferencia en tan sólo cuatro años!
Estas personas reciben sin costo alguno en los hospitales públicos de todo el país, servicios médicos, tratamientos ambulatorios, intervenciones quirúrgicas y prestaciones por procedimientos de alto costo.
En cuanto al Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo para empleadores y trabajadores públicos y privados, que apenas comenzó en septiembre del 2007, para fines del año pasado, 1 millón 729 mil 671 asalariados y sus dependientes se beneficiaban del mismo.
Aunque atravesamos tiempos difíciles a causa de la crisis mundial, los programas de protección social no sólo se mantendrán, sino que en la medida que el presupuesto lo permita serán fortalecidos y ampliados.
Nuestro Gobierno tiene un compromiso ineludible con los más pobres y a ellos seguiremos ayudando con programas como Solidaridad, para que puedan junto a sus hijos ir superando su situación de pobreza.
Nuestro Gobierno tiene un compromiso con los trabajadores que pierden sus empleos, como lo hicimos con los de la empresa Falcondo, quienes pudieron recibir el pago completo de sus prestaciones laborales gracias a que saldamos sus deudas con la Cooperativa de Bonao, y a quienes les aseguramos encontrarles trabajo en otras empresas.
Nuestro Gobierno tiene un compromiso con los menores de edad que por las penurias de su hogar se han visto forzados a lanzarse al mundo del trabajo, mediante la ejecución, desde la Secretaría de Estado de Trabajo de programas para la erradicación de las peores formas del trabajo infantil.
Nuestro Gobierno tiene un compromiso con las madres solteras, con los ancianos y desvalidos que necesitan del auxilio de las autoridades, a través de los programas de la Secretaría de Estado de la Mujer, del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, del Plan Social de la Presidencia y de los Comedores Económicos.
Nuestro Gobierno, en fin, tiene un compromiso con los discapacitados, con los excluidos y con los marginados, a quienes bajo ninguna circunstancia dejaremos abandonados a su suerte, pase lo que pase y cueste lo que cueste.
Con ellos estaremos y a ellos auxiliaremos con programas de promoción humana y con la solidaridad que el Gobierno les ofrece y les seguirá ofreciendo.
No obstante, en términos de verdadera transformación y auténtico desarrollo económico y social para el futuro de nuestro país, sólo la educación, como hemos dicho en múltiples oportunidades, estará en condiciones de proveer los conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y éticos requeridos para producir en la República Dominicana los grandes cambios sobre desarrollo humano que siempre hemos soñado.
Lo repito una vez más: ¡Sólo la educación salva a la República Dominicana!
Pero, realmente, ¿a qué tipo de educación nos estamos refiriendo? ¿En qué consiste la educación del Siglo XXI? ¿Cuáles son los conocimientos, destrezas y habilidades que los niños y los jóvenes deben aprender en estos tiempos modernos para ser en el futuro ciudadanos competentes y útiles?
En verdad, lo primero que el sistema educativo debe enseñar a los jóvenes es la capacidad para pensar, para crear, para innovar y para cultivar la imaginación.
El logro de esas metas tendría un profundo impacto en el desarrollo intelectual y emocional de nuestros jóvenes, pues habría significado la transición de un sistema educativo fundamentado en el desarrollo de la memoria, a otro que procura promover el pensamiento crítico.
De la capacidad para pensar, las nuevas generaciones deberán desarrollar las cualidades para la solución de problemas. De ahí, deberán aprender los elementos básicos de la ciencia y las matemáticas.
Deberán cultivar el buen uso del lenguaje, lo cual sólo puede aprenderse a través del hábito de la lectura y del descubrimiento de la importancia de la palabra como vehículo de transmisión de nuestros pensamientos, ideas y sentimientos.
No es concebible en el mundo actual, en la era de la sociedad del conocimiento, que los jóvenes estudiantes no tengan un dominio pleno de las tecnologías de la comunicación y la información y el dominio de un segundo idioma, especialmente del inglés.
Mas aún, se requiere que los ciudadanos del futuro puedan desplegar cualidades de liderazgo, sentido de responsabilidad, valores éticos, curiosidad intelectual y sensibilidad frente a la realidad de su entorno social.
Obviamente, para poder avanzar en la integración de todas estas condiciones, es preciso contar con maestros y maestras que estén debidamente capacitados. De ahí que, constituye una altísima prioridad dentro del sistema educativo dominicano, la aplicación de programas dirigidos a la formación de nuestros docentes.
Recientemente, hemos dado inicio a dos programas especiales de formación de maestros, con las Universidades de Columbia, en Nueva York y la Universidad de Harvard.
Esos programas están orientados a difundir las más modernas técnicas pedagógicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo de eso que hemos denominado capacidad para pensar.
La integración de las familias resulta de una gran importancia en el avance de la formación que los estudiantes van adquiriendo a lo largo del proceso educativo. Eso implica la necesidad de un cambio de actitud y de conducta para que los padres y las madres reconozcan que la única posibilidad de progreso individual de sus hijos, como de las familias en sentido general, y más aún de los pueblos, está en la educación.
Los contenidos curriculares también son fundamentales para lograr un sistema educativo moderno, de donde resulta la necesidad de su revisión constante, la de su comparación con otros sistemas educativos y el intercambio permanente con docentes de otras naciones.
Hay que crear ambientes de aprendizaje cada vez más estimulantes y motivadores. Hay que entender que se aprende haciendo. Hay que crear conciencia sobre la valoración del tiempo de la escuela como compromiso de todos los sectores involucrados. Hay que enfatizar siempre en la importancia de la calidad de la educación como factor determinante en la transformación de la personalidad de los niños y de los jóvenes.
Concientes y partidarios de cuanto hemos señalado, los participantes en la Cumbre por la Unidad Nacional consideraron, sin embargo, que para que esto pueda ser alcanzado se requiere de la inversión de mayores recursos en el área de la educación nacional.
En tal virtud, aprobaron, y el Gobierno lo suscribe, aumentar el presupuesto en educación para este año 2009, en 4 mil 090 millones de pesos, los cuales serán obtenidos a través de los organismos multilaterales y destinados a la construcción y equipamiento de nuevas aulas, mantenimiento de la infraestructura escolar, alfabetización, formación docente y uso de medios didácticos.
Todo eso, como parte de ir alcanzando de manera gradual la meta de un 4% del Producto Interno Bruto como inversión al sector educativo nacional.
Nuestro compromiso con la educación es el compromiso con la juventud; y el compromiso con la juventud es el compromiso con la Patria y nuestra apuesta por un mejor futuro.
¡Qué viva la juventud de la República Dominicana!
Honorables Miembros de la Asamblea Nacional:
Para alcanzar su pleno desarrollo y modernización en el Siglo XXI, la República Dominicana no puede continuar postergando la solución a la crisis del sector eléctrico nacional.
Dos situaciones adversas contribuyeron a que los avances experimentados con la ejecución del Plan Integral para la Recuperación del Sector Eléctrico en el año 2008, no fueran percibidos adecuadamente por la opinión pública.
En primer lugar, como hemos señalado, el alza sin precedentes de los precios de los combustibles en los mercados internacionales, se tradujo en un incremento sustancial de los montos facturados por las Empresas Generadoras a las Empresas Distribuidoras.
Por consiguiente, el déficit operacional de éstas últimas se disparó también a nivel sin precedentes, alcanzando la suma record de 1 mil 078 millones de dólares.
En segundo lugar, la disminución significativa, en dos ocasiones, del nivel de suministro de energía, debido a fallas técnicas en plantas generadoras, al bajo nivel de agua en las presas de Taveras y Monción, y a la falta de combustibles para generar electricidad, debido a problemas financieros.
La cantidad de circuitos eléctricos que reciben 24 horas del servicio aumentó de 257 en el año 2007, hasta 288 en el año 2008. Con esto se alcanzó superar por vez primera que de un total de 554 circuitos existentes, el 52% estuviera recibiendo 24 horas de servicio por día.
Las pérdidas se han reducido hasta el 32% y las cobranzas han aumentado hasta el 94% en el 2008.
Se han construido las subestaciones de Elías Piña y San José de las Matas, así como más de 100 kilómetros de líneas de transmisión, todos a 69 mil voltios. Del mismo modo, se concluyó el Proyecto del Segundo Anillo de Santo Domingo.
Las obras civiles del tramo Naranjo-Bonao, correspondiente a la Autopista Eléctrica Santiago-Santo Domingo, a 345 mil voltios, han sido concluidas y el tendido de cables conductores fue avanzado en un 70% en el indicado tramo.
En el área de generación, se continúa con la construcción de las centrales hidroeléctricas Pinalito, Palomino y Las Placetas, acorde a lo programado.
A los fines de cubrir el déficit de generación en la región Norte del país, fue contratada la compra de energía proveniente de cuatro barcazas con capacidad total de 242 megavatios. Las firmas Polar Energy y Coste Enterprise se han comprometido a poner en operación comercial dichas barcazas antes del verano del presente año.
En adición, el Consorcio LAESA ha asumido la obligación de incrementar la capacidad de su parque de generación, en Pimentel, en 30 megavatios para el mes de mayo de 2009.
De esta forma, la región Norte del país, dispondrá de 272 megavatios nuevos, para hacer frente al déficit de generación en el corto plazo.
Por otra parte, el Gobierno continúa con el plan de adquirir energía a precios más económicos y con mayor nivel de confiabilidad, utilizando fuentes de generación como carbón mineral y gas natural.
En ese contexto se está impulsando la conversión de la central Cogentrix, de 300 megavatios, al uso de este último tipo de combustible, esto es, gas natural.
La Ley de Incentivo a la Energía Renovable, Número 57-07, ha servido de estímulo para el desarrollo de varios proyectos de producción de energía eléctrica.
Se ha firmado un Acuerdo Interinstitucional con la firma Koar Energy Resources para instalar 50 megavatios utilizando la biomasa, principalmente el bambú, como fuente de producción de energía.
El grupo español Inveravante inició recientemente la instalación de 100 megavatios en energía eólica. Se trata de dos parques de generación de 50 megavatios cada uno, que están siendo instalados en las comunidades de Matafongo, Baní, y Granadillo, Montecristi, respectivamente.
En el año 2008, fue iniciado el plan de desmonte y focalización del Programa de Reducción de Apagones (PRA), para limitar el subsidio de la electricidad a aquellas familias que se encuentran registradas en la base de datos del Sistema Único de Beneficiario (SIUBEN) y que cuentan con la Tarjeta Solidaridad emitida por la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS).
Finalmente, cabe indicar que el Gobierno dispone de un Programa de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía. En base a ese programa, en el mes de julio del año 2008, se tomó la iniciativa para sustituir 13 millones de bombillas incandescentes por bombillas fluorescentes de bajo consumo.
Para el Gobierno, la solución del problema eléctrico forma parte de sus más altas prioridades.
A pesar de los avances logrados, todavía es necesario hacer un esfuerzo mayor hasta lograr un suministro estable, financieramente sostenible y a precio razonable para el usuario.
Por otra parte, Señores Legisladores, hay dos problemas, particularmente sensibles que deben ser objeto de atención permanente, tanto por parte del Estado como de la sociedad.
Me refiero al tema de la corrupción y al de la seguridad ciudadana.
La corrupción es una de las más grandes preocupaciones de todos los dominicanos, y esto lo demuestran todas las encuestas de opinión y las conversaciones que sostengo todos los días con funcionarios, empresarios y ciudadanos.
Por supuesto, la corrupción es un fenómeno de alcance universal, cuyo grado varía, entre las distintas naciones, dependiendo de los niveles de fortalecimiento institucional, de desarrollo económico y social, de fortaleza de los sistemas legislativos, de sus tradiciones y cultura, así como de sus procedimientos y prácticas judiciales.
Lo importante es que cada vez hay mayor conciencia acerca de la necesidad de enfrentar con eficacia este mal que afecta la lucha contra la pobreza, genera desconfianza entre los potenciales inversionistas nacionales e internacionales, erosiona la credibilidad en las instituciones públicas y debilita la gobernabilidad y la calidad de la democracia.
Afortunadamente, en la República Dominicana disponemos de una adecuada base legal para enfrentar el problema de la corrupción desde sus cuatro vertientes: prevención, detección, persecución y erradicación; y contamos, al mismo tiempo, con una Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción y de una Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa.
La Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción ha elaborado recientemente el Plan Nacional Estratégico de Ética, Transparencia y Prevención de la Corrupción, 2009-2012.
La publicación de este plan y su puesta en circulación debe servir de punto de partida para una reafirmación de la voluntad inquebrantable del Gobierno de adoptar medidas de prevención y persecución contra la corrupción.
Este plan que, sugiero, debería llamarse, Plan República Dominicana Transparente, debería servir para una reactivación de las comisiones de ética de las distintas instituciones del Estado, para la instalación de los Buzones de Denuncias Contra la Corrupción, para promover una cultura de rendición de cuentas, para impulsar la transparencia en todas las acciones del Estado; y para mejorar la efectividad de la persecución del delito en la administración pública.
Me comprometo, de manera solemne ante ustedes y ante todo el pueblo dominicano, a redoblar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción, a los fines de que podamos tener una Patria honorable, respetable y admirada.
El otro gran problema a que he hecho referencia y que en estos momentos mantiene en estado de intranquilidad a la población dominicana es el relativo al de la seguridad ciudadana.
Desde el 2005, el Gobierno viene aplicando el Plan de Seguridad Democrática, el cual, sin duda alguna ha obtenido importantes logros, reconocidos por instituciones como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Sin embargo, las evaluaciones coinciden en que son muchos los desafíos y que sólo con la profundización de los programas y acciones se podrán consolidar los resultados. Hay conciencia de que los éxitos en programas de seguridad sólo se logran a través de la aplicación continua y prolongada de una política pública bien concebida.
Se entiende, también, que el éxito no es lineal, y que se evidencian por momentos, avances, estancamientos y retrocesos.
Ante esa situación, se incrementa la percepción de inseguridad por la ocurrencia inevitable de casos espectaculares y excepcionales de violencia y criminalidad.
Naturalmente, hay que reconocer que las reformas institucionales, sobre todo de la Policía Nacional, no han avanzado con la velocidad originalmente planteadas en el Plan de Seguridad Democrática. Tampoco se han integrado todas las instituciones del Estado inicialmente previstas.
En general, las instituciones se han integrado de manera coyuntural, no en forma sistemática, como parte de una estrategia y política de Estado. La cooperación internacional ha sido limitada a pesar de las promesas de mayor colaboración.
Frente a todo esto, se requiere volver a activar un plan de acción, que le confiera importancia al tema del microtráfico como parte del problema general del narcotráfico, de la criminalidad y la violencia.
Es preciso perseverar en llevar a cabo la reforma y modernización de la Policía Nacional en seis áreas fundamentales, que son, la preventiva, la académica, la de servicios de inteligencia, la de asuntos internos, la administrativa y la de investigación criminal.
Vamos a establecer el Observatorio Nacional de la Violencia y el Crimen, mediante la coordinación de la Secretaría de Interior y Policía con otras instituciones del Estado, los síndicos y municipios.
A través del Programa de Barrio Seguro, recuperaremos y protegeremos el espacio público. Ampliaremos y fortaleceremos los programas de mayor impacto, incluyendo el Banco de Mi Barrio, la Beca de Mi Barrio y Competidores de Mi Barrio.
Aumentaremos los programas deportivos y culturales. Impulsaremos programas de empleo para jóvenes y programas de intervención dirigidos a hogares vulnerables; y diseñaremos programas para control de microtráfico en los Barrios Seguros.
Coordinaremos y ampliaremos actividades de instituciones estatales en los barrios, particularmente de las Secretarías de Educación, Salud, Deporte, Cultura, Juventud y de la Mujer.
El Gobierno no le cederá tregua al crimen organizado, al narcotráfico, a la violencia y a la delincuencia en sentido general. Nos equiparemos con los instrumentos tecnológicos necesarios. Capacitaremos nuestros recursos humanos. Defenderemos nuestras costas. Protegeremos nuestro espacio aéreo y cuidaremos de nuestra frontera.
¡En la República Dominicana, el narcotráfico no pasará!
Ahora bien, no escapa a mi conocimiento que la población se encuentra, en estos momentos, perturbada y hasta atemorizada por la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actos vandálicos relacionados con el narcotráfico y el crimen.
Debo indicar aquí que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional constituyen dos instituciones de valor inestimable para garantizar la integridad del territorio nacional, la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público.
En mis años al frente de la vida pública nacional, nunca he vacilado en acudir a los integrantes de estas instituciones para contribuir a la solución de problemas que en algún momento se yerguen en amenazas para el bien de nuestra colectividad.
He podido comprobar el profesionalismo, la capacidad, la disciplina y la entrega con que cada uno de sus miembros realiza su labor para la obtención de los objetivos que les habían sido trazados.
Por consiguiente, constituye una excepción el que hayan aparecido sujetos que amparándose en el prestigio del uniforme de nuestros institutos castrenses y policiales incurran en actos delincuenciales.
Hechos recientes como la participación de miembros de la Marina de Guerra en la matanza de siete individuos de nacionalidad colombiana en la comunidad de Paya, en Baní; el involucramiento de más de veinte miembros de la Policía Nacional en una red del narcotráfico en Puerto Plata; y el asalto dirigido por un oficial de la Fuerza Aérea a las instalaciones de la empresa lechera Parmalat, lo que indican es que no debemos desmayar en la evaluación y depuración permanente que hay llevar a cabo en las referidas instituciones.
Advertimos, desde ya, que no nos temblará el pulso para limpiar y aplicar todo el peso de la ley a aquellas lacras sociales que con sus malas acciones empañan el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Distinguidas Personalidades, Honorables Miembros de la Asamblea Nacional:
Como parte del proceso de fortalecimiento institucional del Estado Dominicano, así como de su necesidad de reforma y modernización para adaptarse a las exigencias de un mundo cambiante en el Siglo XXI, me permito en estos instantes, de manera formal, realizar ante ustedes el acto histórico de promulgación de la Ley que Convoca a una Asamblea Revisora para proceder a la reforma de la Constitución de la República.
Esta reforma de nuestra Carta Sustantiva no se corresponde con un capricho, ni está motivada en la solución de una crisis de coyuntura. Responde, más bien, a la necesidad de enmendar errores, lagunas y vacíos prevalecientes en el actual texto y de consagrar nuevas figuras jurídicas garantes de un más pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.
El Proyecto de Reforma Constitucional que ha sido sometido a la consideración de nuestras Cámaras Legislativas ha sido el fruto de la más amplia y democrática consulta popular que se haya llevado a cabo en toda la historia nacional.
Durante cerca de dos años, las más diversas organizaciones políticas, empresariales, sindicales, comunitarias y religiosas, fueron convocadas para que expusieran sus puntos de vista acerca del alcance y contenido de una nueva Carta Sustantiva del Estado Dominicano.
El entusiasmo y dinamismo con los que se participó fue verdaderamente notable. Hay numerosos testimonios del trabajo, dedicación y entrega con las que numerosas delegaciones en todo el ámbito del territorio nacional llevaron sus propuestas y expusieron sus puntos de vista.
Debo reconocer en estos instantes la labor encomiable de un grupo de notables juristas dominicanos, quienes integraron la Comisión de Juristas para la Reforma Constitucional, conformada por Aura Celeste Fernández, Flavio Darío Espinal, Licelotte Marte de Barrios, Raymundo Amaro, Leyda Piña, Luis Gómez Pérez, José Darío Suárez, Pelegrín Castillo y Julio César Castaños Guzmán.
A todos ellos, nuestro reconocimiento.
El Proyecto de Reforma Constitucional contiene diversas innovaciones que harán de nuestra Ley Fundamental un texto ejemplar para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, la institucionalización de un Estado de derecho y la consagración de la justicia social.
Entre las principales innovaciones que contiene el documento que estoy seguro será objeto de encendidos y apasionados debates ante la Asamblea Revisora, se encuentran el de Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes.
Así mismo, el de régimen de seguridad y desarrollo fronterizo; la fórmula que precisa el concepto de nacionalidad; la consagración de más amplias y detalladas garantías a los derechos fundamentales, extendiendo la noción de debido proceso e incorporando la acción de amparo.
En el nuevo texto Constitucional, se estipula el derecho de los dominicanos residentes en el exterior para elegir Senadores y Diputados que les representen. Se elabora un nuevo estatuto constitucional para la administración pública, así como para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Se establecen disposiciones sobre ordenamiento territorial y administración local, incluyendo entre otras medidas, la constitucionalización de los Consejos Provinciales de Desarrollo. Se elabora un nuevo marco para el régimen de los municipios y para la gestión descentralizada y control de la administración local.
Se consagra el Defensor del Pueblo. Se fortalece el Poder Judicial. Se introducen importantes modificaciones en lo relativo al Sistema Electoral, sobre todo para la unificación de las elecciones para Presidente y Vicepresidente con la de los representantes legislativos y autoridades municipales.
Se establece un marco constitucional sobre el régimen económico y financiero y se consagran el derecho a la paz; el derecho al desarrollo; a la conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y de la flora; a la protección del medio ambiente; a la preservación del patrimonio cultural y a los derechos del consumidor.
En síntesis, una Reforma Constitucional que garantizará que bajo ninguna circunstancia la República Dominicana retrocedería a los días oscuros de la dictadura, del abuso, del atropello y de la arrogancia del poder.
Esa nueva Constitución será garante de que a pesar de las diferencias políticas, ideológicas o religiosas que nos pudiesen separar, los dominicanos viviremos siempre en armonía, en paz, de manera civilizada y en base al respeto mutuo.
Una de las grandes lecciones de los Padres Fundadores de la República fue la de haber logrado la unificación del país frente a la amenaza que representaba la permanencia de una ocupación militar extranjera.
Ese es uno de los grandes legados que nos dejaron Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez, y es un legado que en estos momentos, al conmemorarse el 165 aniversario de la Independencia Nacional, no debemos olvidar.
Con esa preclara visión de futuro que distingue a los poetas, en un canto inmortal al 27 de Febrero, nuestra gran poetisa Salomé Ureña de Henríquez escribió estos versos memorables:
“¡Oh fecha generosa
Que el patriota saluda y reverencia;
en que libre flotara victoriosa
la enseña de la patria independencia!
En que a la voz de fama
de Dios y Libertad, el fuerte acero
requiriendo a la lid, que el pecho inflama,
triunfar o perecer juró el guerrero.
Y la servil librea
al desechar audaz, con ira santa,
entre aplausos de asombro, gigantea,
espléndida, Quisqueya se levanta.
¡Venciste, oh Dios, qué gloria!
Venciste, Patria, y tu preclaro nombre
con destellos de luz graba la historia,
y te tributa admiración el hombre.”
Y efectivamente, así será. Frente a las actuales adversidades, venceremos.
¡Que viva la República Dominicana!
¡Que vivan los Padres de la Independencia Nacional!
¡Muchas gracias!
Imprimir esta página
